02/10/2024
Buenos días queridos amigos, La delincuencia en nuestro país ante la inoperancia de nuestras autoridades ya gano mucho terreno, todos los días hay muertes, secuestros, violaciones, extorciones, etc. Ante este hecho real no queda otra salida mas que el país abandone el Pacto de San Jose. La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Partes. Pero Qué establece el Pacto de San José?
Establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Que nadie debe ser sometido a torturas ni a p***s o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano., pero,Qué dice el Pacto de San José sobre la pena de muerte?
No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes.
Durante los últimos veinte años resuenan esporádicamente en el debate público y parlamentario, e incluso durante las campañas electorales, intenciones de renunciar al Pacto de San José de Costa Rica suscrito por el Perú en 1978, ya sea porque se lo considera un impedimento para la aplicación de la pena de muerte o por desacuerdos con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La reciente aprobación en segunda votación de un proyecto de ley que propone la creación de una Comisión de alto nivel para plantear reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos despierta el temor de que estos intentos se materialicen en un contexto en el que se califica al Perú como un régimen híbrido por segundo año consecutivo y en el que la población tiende a apoyar medidas como la pena de muerte debido al aumento de la inseguridad ciudadana. La delincuencia en nuestro país indudablemente se salió de control rompio los causes de de un país en paz social. Durante el actual período legislativo (2021-2026), los partidos Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular han planteado proyectos de ley que proponen el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. El legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó la propuesta más reciente argumentando que el Estado peruano no debería estar sujeto a la jurisdicción de un órgano extranjero. A este proyecto de ley se suman los presentados por los congresistas Segundo Montalvo (Perú Libre), Wilson Soto (Acción Popular) y el legislador no agrupado Ilich López. Ninguna de esa propuestas prosperó; sin embargo, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación un texto sustitutorio a dichos proyectos de ley, el cual propone la creación de la Comisión de alto nivel para plantear reformas al SIDH.
Esta autógrafa de ley dispone en su artículo 1 que esta Comisión elabore propuestas de reforma a los instrumentos que regulan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos orientadas a establecer mecanismos de transparencia y equidad sobre la conformación, forma de elección y funciones de sus órganos, que garanticen su independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Estas propuestas, según el artículo 5, serán enviadas al poder Ejecutivo para que sean presentadas al secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El texto prescribe que “si en el plazo de 180 días calendario no se implementan o se recibe una respuesta satisfactoria, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme a sus facultades constitucionales por convenir al interés nacional” (artículo 13)
Si bien es potestad del poder Ejecutivo dirigir la política exterior, la actual alianza entre el poder Legislativo y Ejecutivo, y la tendencia de la coalición gobernante a vulnerar los derechos humanos, puede llevar a pensar que el poder Ejecutivo no se opondrá al avance de estos proyectos de ley que proponen la denuncia del Pacto de San José. En medio de estos debates y propuestas legislativas, es fundamental reflexionar sobre el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos y la importancia de la Corte IDH como un sistema de protección de derechos supranacional. Por ello, la decisión de denunciar el Pacto de San José podría tener repercusiones significativas en la protección de los derechos de sus ciudadanos. Entonces, es crucial un diálogo informado que considere las complejidades inherentes a la situación y que las autoridades actúen con responsabilidad considerando el impacto a largo plazo que sus decisiones podrían tener en la integridad democrática y el compromiso del país con los valores universales de los derechos humanos.
Pero como dije líneas arriba, el país se encuentra sumergido en una violencia total y lamentablemente se tiene que tomar medidas extremas, no podemos esperar discusiones que podrian ser bizantinas, el país se desangra señores, HECHOS Y NO PALABRAS. Ustedes que opinan amigos.
